Caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz

Caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz

En marzo de 1993, la señora Victoria Cruz acompañada del Padre Jon de Cortina, denunció en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la desaparición de sus hijas Ernestina y Erlinda, de siete y tres años, ocurrida el día 2 de junio de 1982, a manos de miembros del Ejército salvadoreño, que impulsó una campaña militar al norte del departamento de Chalatenango denominada “Operación Limpieza” y conocida por la población como “guinda de mayo”.

El proceso penal fue archivado en varias oportunidades, por lo que en 1999, la Asociación Pro-Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL- demandaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, que en su informe de fondo emitido en marzo de 2003, estableció la responsabilidad del Estado Salvadoreño en la desaparición forzada de ambas niñas.

Ese mismo año, la CIDH presentó demanda a la Corte Interamericana contra el Estado Salvadoreño por la violación al derecho a la vida, libertad personal, al nombre, a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia y protección judicial, en perjuicio de Ernestina y Erlinda y su familia.

Durante el juicio, el Estado trató de probar que las niñas no habían existido. Argumentó, además, que la Corte no era competente para conocer el caso debido a que El Salvador ratificó la competencia de ésta hasta en 1995.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptó su falta de competencia para juzgar al Estado Salvadoreño por hechos ocurridos antes de 1995, por lo que en su sentencia de fondo y reparaciones de marzo de 2005, únicamente condenó al Estado de El Salvador por la violación a la integridad personal de la familia Serrano Cruz, así como por la violación a las garantías judiciales y la protección judicial efectiva de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de su familia.

La Corte ordenó al Estado reparar dichas violaciones mediante la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, la publicación del capítulo de hechos probados de la sentencia, designación de un día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, tratamiento médico y psicológico gratuito a los familiares de Ernestina y Erlinda y para ellas en caso de ser encontradas, creación de una página web de búsqueda, acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a las víctimas, creación de un banco de perfiles genéticos, pago de indemnizaciones económicas y costas procesales.

Entre las medidas de reparación, este Tribunal Internacional también ordenó que el Estado Salvadoreño debía investigar efectivamente la desaparición de Ernestina y Erlinda e identificar y sancionar a los responsables, para lo cual le advirtió abstenerse de recurrir a figuras como la Amnistía, la prescripción y excluyentes de responsabilidad.

Transcurridos 9 años de emitida la Sentencia, el Estado Salvadoreño ha cumplido parcialmente las medidas de reparación, negando inicialmente la condena y acatando el fallo de la Corte ante la demanda pública de las víctimas y de la comunidad nacional e internacional. En 2009 con la llegada del actual presidente Mauricio Funes,  ha reconocido los hechos de desaparición forzada y ha mostrado apertura en este tipo de delitos de lesa  humanidad, no obstante, el Estado continúa incumpliendo la Sentencia concretamente en las  medidas de reparación referidas a investigar el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, conformación de un banco de perfiles genéticos  para la comprobación científica en la búsqueda de  sus niños y niñas desaparecidos y determinar y juzgar  a los responsables de su desaparición.

En vista de actitud de indiferencia del Estado, en octubre de 2005 la Asociación Pro-Búsqueda promueve acusación particular contra miembros de la Fuerza Armada, logrando que en el mes de junio de 2008 compareciera a declarar el Ex Jefe del Estado Mayor, General Rafael Flores Lima.

De igual modo en octubre de 2008 fue citado a declarar el ex-jefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo y en marzo de 2012 se cita a Declarar al ex Coronel Mario Adalberto Reyes Mena quien al momento de la desaparición de las niñas Serrano Cruz era el jefe de la 4ª Brigada de Infantería con sede en el Departamento de Chalatenango, zona donde desaparecieron a las niñas. Se puede decir que son hechos  inéditos en la lucha por la justicia en El Salvador. No obstante, la Fiscalía sigue negándose a requerir al Presidente de la República que proporcione los nombres de oficiales que participaron en el operativo militar en que desaparecieron ambas niñas, así como a promover las investigaciones para encontrarlas y determinar a los responsables.

Ante dichas actuaciones de El Salvador, la Corte Interamericana continúa con el proceso de supervisión de la sentencia, habiendo señalado los incumplimientos antes citados en dos oportunidades, en las resoluciones de supervisión de septiembre de 2006 y  julio 2010.  A finales de 2012, las representantes de las Víctimas le han solicitado a la Corte Interamericana que requiera del Estado un informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencias, además de solicitar una audiencia en ese importante organismo internacional de Justicia.

La sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Serrano Cruz contra el Estado salvadoreño, constituye uno los hitos en la historia de lucha por la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y abre la esperanza a las víctimas para impulsar por la vía de la justicia la reivindicación de sus derechos.

En agosto de 2012, el Estado es nuevamente condenado por el alto Tribunal de Justicia por la desaparición forzada de 4 niñas y 2 niños en la Sentencia denominada Contreras y otros.

 

April 10, 2013