El habeas corpus en casos de niñas y niños desaparecidos

El habeas corpus en casos de niñas y niños desaparecidos

 

El habeas corpus es una garantía constitucional mediante la cual se protege la libertad personal. En El Salvador, corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conocer estos procesos y  determinar la violación o no de este derecho, y en caso de existir una detención ilegal, puede ordenar la inmediata libertad.

 

La jurisprudencia y la doctrina internacional han reconocido que el habeas corpus es también el mecanismo idóneo para establecer el paradero de una persona cuando se ha producido una desaparición forzada, porque  ha sido privada ilegalmente de su libertad y el Estado debe rendir cuentas de su paradero.

 

Sin embargo, durante el conflicto armado que vivió El Salvador, el habeas corpus fue negado sistemáticamente por la Corte Suprema de Justicia para casos de personas desaparecidas, argumentando la no existencia actual de la detención y/o la falta de certeza sobre la autoridad responsable de tal detención, desprotegiendo de esta forma a las personas desaparecidas frente a tan grave violación a derechos humanos.

 

En su lucha por determinar el paradero de los niños y niñas desaparecidos, luego de finalizado el conflicto armado, los familiares asociados en Pro-Búsqueda recurrieron a esta garantía constitucional para que las instituciones del Estado asumieran directamente la búsqueda; sin embargo, estos primeros casos fueron rechazados.

 

Fue hasta en el año 2002, que la Corte Suprema de Justicia declaró por primera vez la desaparición forzada por hechos ocurridos durante la guerra, al emitir sentencia en el caso de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, quienes desaparecieron a manos de la Fuerza Armada en el contexto de la  masacre de El Mozote, y determinar que se había producido una violación a la libertad personal de ambas niñas por desaparición forzada.

 

Pero este trascendental paso en la justicia salvadoreña no incluyó la convicción de la Sala de lo Constitucional de que el paradero debía determinarse a través de este mecanismo constitucional, trasladando dicha investigación a la Fiscalía General de la República, ente encargado de investigar el delito y promover la acción penal. No obstante, dicha institución no ha asumido tales responsabilidades en los casos de niñas y niños desaparecidos que han llegado a su conocimiento, por lo que el habeas corpus opera desde entonces sin la eficacia que debe caracterizar a esta garantía constitucional.

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2005, al pronunciarse en el caso de las Hermanas Serrano Cruz[1] reafirmó al Estado de El Salvador que el habeas corpus es el mecanismo idóneo para determinar el paradero de personas desaparecidas y que la legislación salvadoreña da facultades para realizar una amplia investigación sobre el paradero, por lo que recomendó que las investigaciones en los procesos de habeas corpus debían ser eficaces, aun a pesar de que la persona a favor de quien se interpone ya no se encuentre bajo la custodia del Estado, sino que haya sido entregada a un particular o a pesar de que haya transcurrido un tiempo largo desde la desaparición de una persona.

 

Con la finalidad de promover la efectividad de la justicia salvadoreña y al amparo del habeas corpus como garantía constitucional que protege el derecho a la libertad personal, en el mes de octubre de 2007, las familias de 14 niñas y niños desaparecidos en  los operativos militares desarrollados durante el conflicto armado, presentaron nuevas demandas de habeas corpus, con el acompañamiento de Pro-Búsqueda, con la esperanza que ahora además de que se determine la desaparición forzada se esclarezca el paradero de sus seres queridos de forma eficaz.

April 10, 2013