“El Salvador continúa negando justicia a víctimas del conflicto armado” declaran organizaciones ante CIDH

Ante los nulos avances del Estado Salvadoreño en llevar a la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos organizaciones nacionales e internacionales piden a la CIDH que promueva una respuesta positiva.

La Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, apoyados por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), expusieron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impunidad persistente desde el fin del conflicto armado hasta la actualidad y como ello afecta el presente de las víctimas civiles de los más graves crímenes, contribuyendo a los altos niveles de violencia actual a los que esta sometido el país.

La Comisión de la Verdad recogió en su informe de 1993 más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia. Más de un 60% del total corresponden a ejecuciones extrajudiciales; 20% a desapariciones forzadas; y 20% a actos de tortura. Veinte y tres años, en ninguno de los casos recogidos por la Comisión de la Verdad o denunciados directamente por las víctimas y sus representantes ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) o los tribunales presentan avances: nadie ha sido señalado ni juzgado por crimen alguno.

Los peticionarios presentaron información que evidencia un patrón común en la forma como se tramitan los más de 70 casos pendientes: no existen fiscales ni jueces especializados; las investigaciones se estacan en la etapa inicial por largos periodos; negativa a inaplicar la Ley de Amnistía; se realizan esporádicos actos de investigación dirigidos a obstaculizar o a cuestionar a las víctimas; no existen líneas de investigación que tomen en cuenta las características especiales de estos delitos; se archivan los casos injustificadamente; y se actúa con total pasividad frente a la omisión o negativa del Ministerio de Defensa de suministrar información.

El objetivo de la audiencia es que las víctimas y sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos sean escuchados, y que la CIDH promueva una respuesta positiva del Estado ante lo denunciado, y en particular un cambio en las políticas de persecución penal y de trabajo con víctimas del actual Fiscal General de la República y en lo pertinente, de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

April 4, 2016