Prólogo para UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization)

Por José Roberto Rugamas Morán. 

Abogado de la Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos. El Salvador, Centroamérica.

 “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y libertad de creencias”.

Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cuando la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, el sentimiento de esperanza debió ser generalizado, por haber alcanzado un consenso tan amplio entre las naciones, capaz de definir en treinta artículos cuáles serían los compromisos políticos de los Estados frente a los individuos.

Este marco declarativo fue construido con el aporte de las diferentes corrientes culturales y filosóficas de la humanidad, es significativo que el diálogo entre naciones ocurrió a la postre de un terrible conflicto de dimensiones globales; sobre los campos de batalla se escribió “nunca más” y la humanidad cansada de derramar su misma sangre, optó por reconocer al otro como su igual, superando el individualismo, cada uno puede enarbolar la interlocución de los derechos propios como un miembro más de la familia humana.

La Declaración Universal de Derechos Humanos significó un instrumento internacional ampliamente aceptado por los Estados como parámetro jurídico de futuras legislaciones internacionales y de derecho interno, es un modelo que ha inspirado legislaciones cada vez más garantistas, ha evolucionado hasta ampliar el catálogo de derechos según las nuevas necesidades, valores y atributos que los seres humanos desarrollamos en nuestras situaciones diarias.

Las relaciones entre Estados y entre estos con los individuos ha sido paulatinamente modificada y cada vez es más visible el beneficio de convivir bajo un efectivo marco de protección, asumiendo incluso formas políticas a la medida de los derechos humanos como sistemas políticos justos e instituciones democráticas fuertes, capaces de garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, el desarrollo sostenible, la solidaridad, entre otros.

A pesar de las altísimas aspiraciones humanas, existen realidades que nos golpean fuertemente la conciencia; superan nuestra comprensión que Estados y grupos que gozan de su aquiescencia, sigan cometiendo actos contra personas y contra colectivos humanos, inspirados bajo motivos de odio, bajo la ciega sed de alcanzar mayores poderes y de sostener sistemas injustos.

Nos preguntamos ¿Cómo es posible que aún existan sociedades capaces de infligir deliberadamente tanto daño y sufrimiento? ¿Debemos someterles para evitar que se sigan violando los derechos humanos? ¿Cuál es la mejor respuesta ética?

Consideramos que a la base de las violaciones sistemáticas de derechos humanos existen sistemas políticos, económicos, prácticas sociales y religiosas excluyentes que promueven el odio de unos contra otros, que separan y dividen a las personas en una lucha de ambición, debemos reconocer que el ejercicio del poder en los campos sociales es ciego y se opone salvajemente, aún se materializa en las peores formas de ofensa contra la humanidad: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas.

La indignación provoca cualquier tipo de respuesta, desde criminalizar conductas, someter, neutralizar e incluso eliminar a los agresores; sin embrago, no podemos admitir que la respuesta a las violaciones de derechos humanos, constituya nuevas violaciones a los mismos derechos humanos, porque caeríamos en el círculo vicioso de la violencia eternizada y aparentemente justificada, seríamos adoradores del mito sacrificial de dar vida a unos a costa de la muerte de otros.

Creemos que la mejor respuesta es oponer una conducta fundada en razones de mutuo reconocimiento, de construcción de la paz y de apertura al diálogo, oponer resistencia a la tiranía y abogar por el uso de los espacios políticos que en siglos hemos desarrollado: el sistema de justicia nacional e internacional, promover las instituciones democráticas y habilitar con la argumentación para que los otros entren en esos espacios de construcción de acuerdos, deponiendo paulatinamente los usos violentos.

Tal ha sido la tarea emprendida en El Salvador, por la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que nos hemos desarrollado como una organización de derechos humanos en un contexto de posguerra, dado que durante los años ochentas, casi toda la región estuvo sumergida en un estado de conflicto armado, motivado principalmente por las graves desigualdades estructurales de las economías de los países y también por la polarización ideológica sostenida internacionalmente en el contexto de la guerra fría.

El Salvador, ya se caracterizaba además por ser un país con larga trayectoria de gobiernos militares, que perpetuaron un modelo político de control absoluto de las instituciones, sin participación democrática, durante sesenta años se ejerció un sistema de autoritarismo, sobre el cual se ha dicho:

El terrorismo de Estado fue posible en razón del histórico control de los poderes militar, político y económico sobre las instituciones del sistema de justicia. De tal forma, el Estado de impunidad se encuentra a la base y posibilita al Estado terrorista” [1].

El doble panorama de conflictividad interna y regional, que se ejercía desde los años 70’s, derivó en El Salvador en forma de guerra civil entre los años 1980 y 1991 [2].

La respuesta gubernamental estuvo enfocada desde la política de contrainsurgencia, la cual “se basa fundamentalmente en la visión de un enemigo interno que forma parte de una conspiración mundial” [3].

El conflicto armado en El Salvador se trasladó al campo, el Gobierno respondió aplicando un modelo de Guerra de Baja Intensidad [4], cuya estrategia se basaba en infundir terror en la población campesina mediante la violación sistemática de derechos humanos.

Uno de los principales mecanismo de terror utilizado por las fuerzas armadas y cuerpos paramilitares, fueron las masacres de comunidades completas, como por ejemplo el caso del Mozote y lugares aledaños, ocurrido en el mes de diciembre de 1981; la masacre conocida como “el calabozo” en el mes de agosto de 1982, estos dos ejemplos están documentados por el Informe de la Comisión de la Verdad y en el caso de la masacre de El Mozote se ha logrado una importante sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dentro de esa política de terror se practicó, también, la desaparición forzada de niños y niñas, también de forma sistemática, como lo ha demostrado la Asociación Pro Búsqueda. El fenómeno de la desaparición de niños y niñas se vio acompañado de otros delitos graves en contra de niños y niñas pertenecientes a familias afectadas por la guerra y los desplazamientos forzados, tales como las adopciones ilegales, el tráfico ilícito y diversas formas de abuso de poder” [5].

Sobre esto, la Comisión de la Verdad y posteriormente la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado que las desapariciones forzadas de niños y niñas no se trataba en ningún sentido de casos aislados o de excesos de algún oficial, sino mas bien, son certeramente la muestra de un patrón de conducta atribuible incluso a los mandos superiores del estamento militar de la época; a la fecha, las fuerzas armadas siguen negando la ocurrencia de estas acciones y desconociendo las solicitudes para abrir los archivos históricos del período del conflicto armado interno.

En 1992 las partes beligerantes se avinieron gracias a la oportuna y solidaria intervención de la comunidad internacional, bajo la mediación de Naciones Unidas se firmaron los Acuerdos de Chapultepec, por lo cual el Gobierno y la Guerrilla pusieron un cese definitivo al fuego, se abrieron nuevos espacios de participación política y se comprometieron al irrestricto respeto de los derechos humanos, así como a la superación de la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

La guerra había finalizado, pero a su paso dejó alrededor de un millón de personas desplazadas, 75,000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y un tejido social desgarrado y roto por la polarización ideológica y la extrema violencia, en especial del Estado, que fue considerado responsable en un ochenta y cinco por ciento de los hechos de terrorismo.

En el nuevo escenario de una paz en construcción, el sacerdote jesuita español Jon Cortina, conoció directamente las historias de sobrevivientes de la zona norte del país, que luego de estar refugiados en Honduras, repoblaron la comunidad de Guarjila, en el departamento de Chalatenango, entre todas las situaciones, la más dolorosa fue la separación violenta de cientos de niños y niñas, hechos que instó a denunciar inmediatamente ante los tribunales de justicia y que no recibieron la debida diligencia.

Al fundar Pro-Búsqueda en 1994, se creía que la desaparición forzada de niños y niñas era una situación de menores dimensiones, pero inmediatamente se supo por las denuncias, que ésta había sido una práctica generalizada en todo el país, se recibieron casos de todas las zonas: Morazán, San Miguel, La Libertad, Santa Ana, San Vicente, Usulután, entre otros.

Actualmente se contabilizan 925 casos, de los cuales Pro-Búsqueda ha logrado resolver 387.

Desde su inicio, Pro-Búsqueda ha empleado las más diversas formas de incidencia política, social y jurídica para despertar la atención estatal en la situación de los familiares de las niñas y niños desaparecidos, se hizo uso de todos los recursos judiciales , extra judiciales y constitucionales como el habeas corpus, de esto se logró incluso un cambio en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que después de muchas sentencias desestimatorias, finalmente reconoció la existencia de la violación y la obligación estatal de investigar.

Pero ha sido a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Pro-Búsqueda ha logrado la más eficaz reparación para las víctimas, gracias a sendas sentencias en los casos Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador, del año 2005; y el caso Contreras y otros versus El Salvador, del año 2011. Actualmente se encuentra en proceso el caso Rochac y otros versus El Salvador, en el cual el Estado ha reconocido los hechos y su responsabilidad en los mismos.

Gracias a la solidaridad y cooperación internacional, Pro-Búsqueda ha desarrollado un trabajo que es ahora un referente en materia de reparación, a nivel nacional por ejemplo se ha obtenido el decreto legislativo que declara el 29 de marzo, como el Día de la Niñez Desaparecida; así también, la creación por Decreto Ejecutivo de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos Durante el Conflicto Armado Interno, que ha dado resultados positivos en sus pocos años de existencia, actualmente se busca la promulgación de una Ley de Reparaciones para Jóvenes Reencontrados, entre otras medidas de significativa importancia.

A pesar de los esfuerzos, existen deudas estatales pendientes de cumplimiento, especialmente de aquellas ordenadas por la Corte Interamericana, sobre todo en cuanto al deber jurídico general de garantizar los derechos humanos mediante la investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas, el enjuiciamiento de los responsables y la justa  sanción; además hace falta que el Estado se apropie de la problemática humana generada tras las desapariciones forzadas: la reintegración familiar, la identidad legal de los jóvenes, la asistencia psicosocial y en salud integral para todos los familiares, la reparación de derechos sociales conculcados como educación, vivienda, familia, entre otros.

Quizá la tarea más grande será el desmontaje del sistema de impunidad penal, validado por la vigencia de la engañosa Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que perdona y olvida de manera amplia, absoluta e incondicionada los delitos de lesa humanidad cometidos durante el período del conflicto armado, esta ley fue proclamada cinco días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, el 20 de marzo de 1993.

Desde la experiencia de Pro-Búsqueda, se puede afirmar que la lucha por los derechos humanos es la tarea política más importante y de mayor estatura ética para la construcción de la democracia, porque se articulan los esfuerzos por el elemento radical y principal de toda sociedad: la persona humana; sobre todo en la reconstrucción de los vínculos de una sociedad altamente traumatizada. Reparar a las víctimas en el marco de la justicia, es una opción contundente para deponer la violencia como forma de resolver conflictos.

En esta tarea, la comunidad internacional tiene el inmenso reto de mantener abierto el diálogo intercultural para fijar los marcos justos, lo mínimos universales que serán parámetros de los máximos locales; el tema de derechos humanos sigue siendo un tema de frontera y que pone en serios cuestionamientos la articulación de modelos de dominación geopolítica fundados en la visión de mundo como centro-periferia, porque el verdadero compromiso político por la vida humana, obliga a la comunidad internacional a incluir a todos en el diálogo, en situación de equidad y corresponsabilidad.

Todos y todas debemos considerarnos responsables de la existencia de violaciones a los derechos humanos, porque así todas y todos nos sentiremos comprometidos a buscar la justa reparación de los daños y la eliminación de las peores formas de sometimiento, que son contrarias a la dignidad de la persona humana, nos tendremos como interlocutores válidos para abogar por su respeto.

En esta tarea ante a los Estados y ante los Organismos Internacionales,  las organizaciones de la sociedad civil a niveles locales, regionales y globales, tenemos la tremenda misión, de acuerdo a las competencias y naturaleza de cada uno y cada una, de empujar conjuntamente las decisiones trascendentales a favor de los derechos humanos, para ello tenemos el deber de entrar al diálogo político con argumentos fundamentados en la ética de la vida, además debemos asumir con propiedad un rol de defensores y defensoras para formar una muralla moral frente a la arbitrariedad, frente a la violencia, frente a la injusticia, frente a la opresión, porque es nuestro deseo y nuestra exigencia la vigencia universal de los derechos humanos.

Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas” Mons. Óscar Arnulfo Romero, homilía 28 de agosto de 1977.

 


[1] Morales, David. (2007) Política de lucha por la justicia. San Salvador: Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Pág. 7.

[2] Comisión de la Verdad. (2006). De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. San Salvador: Editorial de Cultura Popular.

[3] López Bonilla, M. (1998). Origen de los conflictos armados en la década de 1980. En Los conflictos políticos armados y sus consecuencias sobre la situación de los derechos humanos y democratización: el caso de Honduras en la década de los 80 (págs. 15-21). San José: ACECOD – Unión Europea.

[4] Instituto de Estudio Jurídicos de El Salvador. (1993). El fin del militarismo: dictadores en busca de escuela. En IEJES, Cuadrenos del IEJES N°7 (págs. 124-158). San Salvador: IEJES.

[5] Morales, David. (2007) Política de lucha por la justicia. San Salvador: Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Pág. 7.

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