1. Antecedentes

El conflicto armado de El Salvador representó uno de los episodios más dolorosos del siglo XX, para esta nación. Constituyó la culminación de un proceso de agotamiento y exasperación de los espacios de canalización de demandas sociales, políticas y económicas impulsadas por un universo de organizaciones laborales, estudiantiles, campesinas y religiosas, frente a un Estado salvadoreño cada vez más totalitario y represivo, prácticamente secuestrado por reducidos grupos de poder.

A dicha realidad se sumó el debilitamiento del sistema judicial, que se ha mentenido con el velo de la impunidad, que aún persiste hasta el día de hoy. Básicamente, se sumergió a la sociedad salvadoreña al margen de los principios del Estado de Derecho, hasta el punto que el gobierno llegó a cometer, de la forma más aberrante, terrorismo de Estado en contra de la población civil
indefensa y grupos sociales organizados, por el simple hecho de considerarlos “sospechosos o aliados” de las fuerzas insurgentes.

Bajo esta lógica, la estrategia de “Tierra arrasada”, el ejército salvadoreño y grupos paramilitares, con la aquiescencia del Estado salvadoreño, perpetraron de manera sistemática graves violaciones a los derechos humanos, entre las más funestas se encuentran: la desaparición forzada de niñas y niños muchos de ellos, además de ser víctimas de la desaparición forzada, fueron víctimas también de adopciones irregulares y fraudulentas, cometidas por abogados/as, funcionarios públicos e instituciones del Estado.

 
2. Origen y desarrollo histórico de la organización

Los orígenes de la Asociación Pro-Búsqueda, se generan por la insatisfacción de un grupo de familiares de niñas y niños desaparecidos por el conflicto, ante los resultados del proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Concretamente el hecho que la Comisión de la Verdad no incorporara de manera específica en su informe “De la Locura a la Esperanza”, la problemática de la niñez desaparecida y que sus recomendaciones sobre la profundas reformas al sistema de seguridad pública y de justicia, fueran totalmente desatendidas por las partes firmantes de dichos Acuerdos, sobre todo, ante la negativa e ineficacia del Estado salvadoreño de dar respuesta al problema de las desapariciones forzadas.

La férrea voluntad y el esfuerzo de las víctimas por alcanzar la justicia y conocer la situación de sus niñas y niños desaparecidos por el conflicto armado, mueve a un grupo de familiares, al Padre Jon de Cortina y a otras personas comprometidas con los Derechos Humanos a constituir la Asociación Pro-Búsqueda el 20 de agosto de 1994, en el cantón de Guarjila Departamento de Chalatenango, con objetivo general, en ese momento, era la búsqueda de las niñas y niños desaparecidos.
A partir de este mandato, se inicia el proceso de recepción y documentación de cientos de casos de niñas y niños desaparecidos en el periodo de 1980 a 1991.
De esta manera, Pro-Búsqueda se constituye en una asociación sin fines de lucro, formada por unos 860 familiares de niñas y niños desaparecidos, jóvenes reencontrados en el proceso de búsquedas, voluntarios y profesionales comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos.

En este caminar histórico, hay que reconocer que las mujeres fueron las pioneras en la creación de la Asociación PROBUSQUEDA cuya participación, en los diferentes procesos alcanzados hasta ahora, ha sido evidente y trascendental. PROBUSQUEDA ha recibido 881 denuncias por parte de los familiares del infante desaparecido y 200 casos fueron presentados por jóvenes que han sido adoptados en el extranjero y desean conocer si las causas.

Se presume que la desaparición forzada de niños y niñas es superior a esta cifra. Desafortunadamente no se cuenta con un registro fiable y consistente que permita dimensionar el universo de casos de desapariciones, sobre todo porque las gestiones gubernamentales durante los últimos 20 años se caracterizaron por la negación y el encubrimiento de esta problemática en materia de derechos humanos.

A penas habían transcurrido cinco días de la presentación pública del documento del Informe de la Comisión de la Verdad, para que la Asamblea Legislativa emitiera un Decreto de Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, mediante la cual, se exoneraba de toda responsabilidad a los perpetradores de las graves violaciones a los Derechos Humanos, sentando las bases legales del régimen de impunidad que aun sigue enquistado en la sociedad salvadoreña.

Frente a esta situación, la Asociación Pro-Búsqueda ha desplegado esfuerzos por esclarecer la verdad, reivindicar el derecho, acceso a la justicia efectiva y exigir al Estado salvadoreño la reparación integral a las víctimas. Transversalmente a estas líneas de trabajo, se ha ido desarrollando un valioso trabajo de recuperación y promoción de la memoria histórica, desde la perspectiva de los familiares y jóvenes reencontrados/as. Sin embargo, merece reconocer la incidencia pública a nivel nacional, local e internacional que ha tenido el trabajo educativo, desde la memoria como una herramienta para el restablecimiento de la paz y la reconciliación en nuestro país.

Estos desafíos han sido una de las grandes deudas histórica del Estado salvadoreño frente a los Acuerdos de Paz, a las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas y en especial a las víctimas, que tienen la esperanza y la convicción de que “el conocimiento de la verdad, la sanción de los responsables y la reparación debida a estas, constituyen un punto de partida para la reconciliación nacional y para la anhelada reunificación de la familia salvadoreña”.

Por ello consideramos oportuno que el esfuerzo de rescatar y promover la memoria histórica cumple una función reparadora cuando las víctimas encuentran en estos procesos un espacio social y de recuerdo, que convocan actividades orientados a la defensa de los derechos humanos, mecanismos de prevención y aprendizajes para el presente y futuro de la sociedad, ya que las causas estructurales que generaron el conflicto armado reciente, siguen vigentes en las actuales generaciones, especialmente los/las jóvenes que son víctimas de la violencia impulsada por la delincuencia organizada, cobijada y encubierta en las estructuras políticas e instituciones del Estado.