La desaparición forzada de personas antes y durante la guerra en El Salvador, constituyó una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos, ejecutada y tolerada por el Estado (militares, paramilitares y otros funcionarios). Este fenómeno era parte de la estrategia militar de tierra arrasada, que impulsaba operativos militares cuyo fin era desarticular y destruir poblaciones consideradas como “base social de la guerrilla”.
El esfuerzo de Pro-Búsqueda, ha permitido conocer detalladamente las características de la desaparición forzada de niñas y niños en El Salvador. Dentro del rango de edades de los niñas y niños desaparecidos, se puede afirmar que el 65% eran menores de 7 años, vulnerables e indefensos.
En el marco de estos operativos se practicaron desapariciones de niños y niñas, a quienes en su mayoría, se les sustrajo luego que sus familiares fueran ejecutados u obligados a huir para proteger sus vidas. Existen casos documentados en los que literalmente los niños fueron arrancados de los brazos de sus madres por miembros de la Fuerza Armada que participaban en operativos militares de contrainsurgencia.
Posteriormente los niños y niñas trasladados a unidades militares donde eran entregados a la Cruz Roja Salvadoreña, también fueron regalados o dados en adopción a personas particulares y otros que se apropiaron de sus custodias como militares de alto rango, por ello nunca se les reunificó con sus familias de origen.
Asimismo, miembros de las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) son señalados como responsables del 10% de los casos. Existen casos en los que el FMLN obligó a algunos de sus miembros a dejar a sus hijos e hijas en “casas de seguridad” para que sirvieran como pantalla de las actividades clandestinas.
Por su parte, el Estado Salvadoreño negó sistemáticamente la perpetración de éste y otros crímenes durante la guerra, así como la responsabilidad de sus agentes en la ejecución. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, en el marco de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, familiares de niñas y niños desaparecidos denunciaron los innumerables crímenes cometidos durante el conflicto armado, entre ellos la desaparición de niños y niñas. No obstante, la Comisión de la Verdad no se refirió en su informe de manera específica a estos casos, pero sí incluyó recomendaciones que implicaban profundas reformas al sistema de justicia. Sin embargo, el Estado incumplió con las recomendaciones de este Informe y aseguró la impunidad de los criminales mediante la aprobación de la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, el 20 de marzo de 1993, tan solo cinco días después de que la Comisión de la Verdad presentara su informe.
En el informe de la Comisión de la Verdad, también se documentaron (denunciaron) más de 5 mil casos de personas desaparecidas, pero según las organizaciones de derechos humanos la cifra sobrepasa los 9 mil. Vale la pena reconocer que detrás de la víctima principal, su familia también sufre de manera prolongada la pérdida de un ser querido, quienes desde años exigen el establecimiento de la verdad, la aplicación de una correcta y apropiada justicia y reparación. La desaparición forzada, es una de las más penosas páginas de la historia nacional y signo de una patología de la sociedad salvadoreña: la impunidad.
Los responsables de estos crímenes no han rendido cuentas por sus acciones, debido al nivel de impunidad existente en El Salvador. Hasta la fecha, en el país nunca se ha realizado un juicio por un caso de desaparición forzada.