SALA DE LO CONSTITUCIONAL ORDENA AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL REALIZAR INVESTIGACIÓN INTERNA PARA DEDUCIR RESPONSABILIDADES EN CASO DE DESAPARICION FORZADA DE NIÑOS

En tres sentencias distintas de hábeas corpus en casos de desaparición forzadas de niñas y niños emitidas en enero, septiembre y diciembre de 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y al Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada (EMCFA), que debían realizar una búsqueda de información interna sobre los operativos militares “Guinda de Mayo” u operativo militar “Domínguez de Pacificación” sucedido en 1982 en Chalatenango, y el operativo militar “Mario Azenón Palma”, acaecido en agosto del mismo año en San Vicente, en el que fueron desaparecidas forzadamente cuatro niñas y tres niños.

La Sala, luego de valorar diferentes elementos de prueba, determinó que es factible establecer que efectivamente sucedieron ambos operativos,  así como la desaparición de los 5 niños y niñas en el lugar y fechas señalados por sus familiares, y por consiguiente que los responsables de dichas desapariciones son presumiblemente miembros de la Fuerza Armada.

La Sala, en base a criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó ciertos aspectos relativos al acceso a la información y la responsabilidad de investigación de las instituciones idóneas: a. Que deben llevarse a cabo investigaciones serias sobre el paradero de las víctimas; b. Que el Estado debe garantizar que ningún obstáculo impida tal investigación; c. Que el Ministerio de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, han mostrado un “comportamiento inactivo” en cuanto a brindar informes sobre lo acaecido en dichos operativos y d. que tal comportamiento contraría sus mismas obligaciones legales así como los estándares construidos a nivel internacional en materia de Derechos Humanos.

Pese a que la FAES niega tener registros de los hechos, documentos estadounidenses desclasificados por Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, publicaciones realizadas por periódicos en la época, que en su mayoría retomaban información emitidos por el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) y Memorias de Labores del MDN de 1983 sobre el Operativo “Mario Azenón Palma” sustentan la responsabilidad de la entidad castrense en las desapariciones de niñas y niños, bajo el mando del Teniente Coronel Sigfrido Ochoa Pérez. “Veintidós niños que habían sido secuestrados por terroristas y que estaban siendo aleccionados para realizar actividades subversivas en el campamento “El Chorizo”, fueron rescatados por el Ejército salvadoreño durante la segunda fase de la Operación “Tte. Coronel Mario Alberto Azenón Palma”, que se realizaba al Sur-Este del Departamento de San Vicente”, dice el Boletín de Prensa No 14 de COPREFA. (Tomado textualmente de la publicación de Diario El Mundo del sábado 28 de agosto de 1982).

Es por ello, que la Sala ordenó que, en un plazo de 15 días tanto al Ministro de la Defensa como al Jefe del Estado Mayor de la FF.AA. debían realizar una búsqueda de información interna sobre los operativos militares, la desaparición de las cuatro niñas y tres niños y los responsables de tales desapariciones, comunicar el resultado de dichas indagaciones a la Sala y a la Fiscalía General de la República, y en caso de negarse a hacerlo que se hiciera del conocimiento al Presidente de la República de tal negativa para que haga cumplir la ley como superior de dichas instituciones.

Pro-Búsqueda aplaude estas decisiones del alto tribunal, y continuará su lucha por las vías legales, para pedir el cumplimiento tanto de estas sentencias, como las de carácter internacional, que establecen obligaciones para el Estado de El Salvador. Espera que igualmente el Tribunal constitucional y el Ejecutivo hagan cumplir lo resuelto, ya que sostenidamente, se observa la omisión e inobservancia de cumplimiento específicamente en cuanto al acceso a la información, imprescindible para conocer la verdad y de gran valor para sanar el dolor de cientos de familiares quiénes desconocen el paradero sus víctimas.

San Salvador, enero de 2018.

 

February 9, 2018