Una aproximación a la aplicación del principio de igualdad por la justicia constitucional salvadoreña

Sumario
  1. Introducción
  2. La interpretación de los derechos fundamentales que propone la Sentencia
  3. El problema jurídico alegado: La introducción de diferencias irrazonables en la ley
  4. El criterio aplicado para solucionar el problema planteado: El juicio de igualdad
  5. Solución adoptada: a. Interpretación conforme del 2° del artículo 191 del Código Penal, b. Inconstitucionalidad del inciso 3° del artículo 191 del Código Penal
  6. Consideraciones finales
1. Introducción

Con la sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007 pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las quince horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de septiembre de 2010, se han introducido una serie de criterios jurisprudenciales que resultan de mucho interés en el ámbito de la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales por parte de la justicia constitucional salvadoreña.

Las siguientes líneas tienen como finalidad realizar aproximación sobre algunos de los aspectos desarrollada por la SC para fundamentar la solución del caso que le fue planteado. Para ello en primer lugar se abordará la forma de interpretar los derechos fundamentales que se desprenden de la Sentencia. En segundo lugar se identificará cual es el problema jurídico planteado a la SC, en tercer lugar se aludirá al juicio de igualdad aplicado por la SC para resolver el caso.

2. La interpretación de los derechos fundamentales que propone la Sentencia

Si los derechos fundamentales son entendidos como un haz de posiciones que se adscriben a una disposición de derecho fundamental, las libertades de expresión e información no agotan su contenido en su faceta de derechos de defensa.
En efecto- y he aquí uno de los aspectos de importancia para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales- la SC estima que la libertad de expresión «no es sólo un derecho de libertad, es decir, que se satisfaga con la mera abstención de los poderes públicos de interferir en su ejercicio, sino que también es un derecho a acciones positivas del Estado, en la medida, en que por ejemplo el Estado debe expedir leyes para su mayor eficacia o protección, tales como las leyes relativas a la prensa, al derecho de acceso a la información, al espectro televisivo, a los espectáculos públicos, etc.), y llevar adelante una verdadera política de apertura al pluralismo de los medios radiales, escritos, televisivos e informáticos, para que los ciudadanos tengan acceso efectivo a fuentes alternativas de información» . En lo referente a la libertad de información la SC señala que «al igual que la de expresión, no es sólo un derecho de libertad, sino también un derecho a acciones positivas del Estado» .
Desde esta perspectiva a la disposición contenida en el art. 6 Constitución, la SC adscribe en primer lugar, para las libertades de expresión e información una posición de derecho fundamental como derecho de defensa (derecho a acciones negativas) expresadas de la manera siguiente:
a tiene frente al Estado el derecho a que éste no interfiera en la emisión de sus ideas, opiniones y juicios

a tiene frente al Estado el derecho a que éste no interfiera en la publicación o divulgación de de hechos con relevancia pública

La segunda posición jurídica que la SC adscribe para las libertades antes descritas se refieren a posiciones derecho fundamental como derechos acciones positivas expresadas de la manera siguiente:

  • Tiene frente al Estado el derecho a que este proteja la emisión de sus ideas, opiniones y juicios frente a intervenciones de terceros
  • Tiene frente al Estado el derecho a que éste proteja la publicación o divulgación de hechos con relevancia pública frente a intervenciones de terceros

Como puede advertirse en la argumentación de la Sentencia las libertades de expresión y de información supera la clásica visión, según la cual, estos derechos únicamente demandan del Estado un deber de abstención de incidir en el contenido de estos derechos, sino que también demandan del Estado una actividad en aras de potenciar la protección de los mismos, en otras palabras demandan un deber de actuación del Estado para la protección de estos derechos fundamentales. En consecuencia, la inactividad estatal o la protección deficiente de los mismos producen un incumplimiento de los deberes de protección de los derechos fundamentales entendidos como derechos a acciones positivas.

3. El problema jurídico alegado: La introducción de diferencias irrazonables en la ley

Básicamente, y de acuerdo con la demanda del ciudadano que presentó la demanda de inconstitucionalidad, la SC debía resolver dos cuestiones: la primera consistía en determinar si las normas contenidas en los incs. 2° y 3° del art. 191 CP constituían una vulneración del art. 3 Cn en la medida que introducían una diferencia arbitraria (irrazonable) al excluir de responsabilidad penal a los periodistas y propietarios, directores, editores y gerentes de programas y medios de comunicación si realizaban actos en perjuicio del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
Relacionado con lo anterior, la segunda cuestión que debía de resolver la SC consistía en determinar si el ejercicio de la libertad de expresión en los términos concebidos en los incisos 2° y 3° del art. 191 Código Penal suponía conceder una mayor importancia en detrimento de los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen contenidos en el art. 2 Cn., produciéndose también una vulneración del art. 144 Constitución ya que los incisos del art. 193 Código Penal antes mencionados pretendían «derogar» y «modificar» los arts. 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17, 19 Y 49 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11, 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

4. El criterio aplicado para solucionar el problema planteado: El juicio de igualdad

De la lectura de la Sentencia puede advertirse que los criterios aplicados para solucionar los problemas antes planteados fueron: a) el juicio de igualdad, para determinar si la existía un trato diferenciado irrazonable en los incisos 2º y 3º del artículo 191 del Código Penal, b) el principio de proporcionalidad para resolver el conflicto entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información por un lado y los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen por el otro. En la exposición de éste texto únicamente se hará referencia al principio de igualdad.
El principio de igualdad ha sido asumido desde un doble contenido, como igualdad ante la ley y como igualdad en la formulación de la ley, siendo éste último el que interesa en la solución del caso planteado a la SC.

Tanto en ámbito dogmático como en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que el juicio mediante el cual se aplica este principio tiene carácter relacional, lo que significa que la igualdad no es un atributo que puede predicarse de un sujeto o conjunto de sujetos individualmente considerados, sino, que el trato igualitario o no igualitario se predica de la relación (comparación) existente entre dos sujetos o dos conjuntos de sujetos. En ese sentido, en el juicio de igualdad siempre habrá que hacer referencia a un tercio de comparación (tertium comparationis) para poder confrontar el trato otorgado por el legislador a los sujetos distintos. Este tercio de comparación no viene dado por la Constitución, en ella únicamente encontramos una serie de clasificaciones sospechosas (art. 3 Constitución: nacionalidad, raza, sexo, religión) cuya constatación harían que tenga como fundamento algunas de estas clasificaciones sospechosas para establecer un trato diferenciados entre los sujetos, debe ser declarada inconstitucional. Un aspecto de importancia en relación a las clasificaciones sospechosas consiste en que relevan a la persona que argumenta el trato desigual de tener que probar este trato, lo que no sucede en aquellos casos en donde el trato diferenciado debe ser probado por el que lo alega.
Los tribunales constitucionales para encontrar la solución a los casos en donde se ha introducido una distinción o trato diferenciado por parte del legislador, generalmente recurren a la utilización del criterio de razonabilidad para utilizarlo como tercio de comparación, es decir, se parte de la situación de que el legislador puede introducir un trato diferenciado –excluido los casos de clasificaciones sospechosas- al elaborar la ley siempre que no resulte irrazonable.
Sobre la estructura del principio de proporcionalidad en el juicio de igualdad BERNAL PULIDO sostiene que «El tribunal atribuye a éste principio una estructura especial, que debe adoptar cuando se aplica el juicio de igualdad. De acuerdo con el Tribunal esta estructura está compuesta por los siguientes pasos:

a. Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición de discriminación

b. Determinación de la “intensidad” de la intervención de la igualdad

c. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin)

d. Examen de idoneidad

e. Examen de necesidad

f. Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación» [sin las respectivas notas].

5. Solución adoptada: a. Interpretación conforme del 2° del artículo 191 del Código Penal, b. Inconstitucionalidad del inciso 3° del artículo 191 del Código Penal

Al momento de decidir sobre los argumentos del demandante la estructura normativa del artículo 191 del Código Penal estaba compuesta por tres incisos: el primero en donde excluía de responsabilidad a los particulares por los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística histórica, científica, religiosa, siempre que dichos juicios no implicaran la lesión del honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen de una personas. El segundo inciso en donde el legislador penal excluía de responsabilidad a las personas que se dedicaran al ejercicio del periodismo, sin hacer referencia como en el caso anterior, que su actividad estuviera condicionada a no lesionar el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen de una persona. Por último, el tercer inciso excluía de responsabilidad a las personas jurídicas que se dedicaran a las actividades de información (escritas, radiales, televisivas, informáticas) así como a los propietarios, directores, editores, gerentes, o encargados del programa por los juicios que emitieran, sin hacer alusión a que su actividad estuviera condicionada por la no lesión del honor, la intimidad o el derecho a al propia imagen de otra persona.
De acuerdo con la argumentación de la Sentencia así como a los criterios utilizados (principio de igualdad y principio de proporcionalidad) la SC llega a la siguiente solución:

  • En primer lugar la SC realiza algunas consideraciones sobre el sentido interpretativo del inciso primero del artículo 191 del Código Penal para concluir que el mismo constituye un desarrollo legislativo del artículo 6 de la Constitución, por lo tanto, el mismo es constitucional al entenderse que las libertades de expresión e información deberán ejercerse teniendo en cuenta que con el ejercicio de los mismos no se lesionen el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen de otras personas.
  • En segundo lugar la SC realiza una interpretación conforme con la Constitución del inciso segundo del artículo 191 del Código Penal para corregir el trato diferenciado irrazonable (principio de igualdad) que ha introducido el legislador, pues tratándose de la emisión de juicios por particulares estos pueden ser objeto de una sanción penal, mientras que tratándose de personas que ejerzan el periodismo la emisión de juicios está despenalizada. En este caso no se declara inconstitucional el inciso segundo del referido artículo, pero se establece que dicho inciso debe ser interpretado en el sentido de entender que la emisión de juicios por las personas que ejercen el periodismo deberá tener los mismos límites que en el caso de los particulares (el respeto a los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen) para ser coherente con lo regulado en los artículos 2 inciso 2º, 3 inciso 1º y 6 inciso 1º de la Constitución.
  • Por último, la SC declara inconstitucional el inciso tercero del artículo 191 del Código Penal al considerar que el trato diferenciado introducido por el legislador penal (consistente en sancionar por una parte penalmente a los particulares que al emitir juicios desfavorables de la crítica política, artística etc. lesionen el honor, la intimidad o la propia imagen de otras personas y por la otra excluir la responsabilidad penal de los propietarios, directores, editores, gerentes del medio de comunicación o el encargado del programa en su caso por el mismo comportamiento) es irrazonable ya que no existen diferencias relevantes -entre los particulares y las personas mencionadas en el inciso tercero del referido- que puedan fundamentar un trato diferenciado.
6. Consideraciones finales

Se han abordado algunos de los aspectos contenidos en la Sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007 mediante la que se declaró inconstitucional el inciso tercero del artículo 191 del Código Penal. Los aspectos abordados están relacionados con la aplicación del principio de igualdad. Nótese que la sentencia utiliza otro criterio para solucionar el caso planteado, dicho criterio consiste en el principio de proporcionalidad al que no se ha hecho referencia pues excede los fines del presente comentario.

De la lectura de la sentencia cabe destacar la interpretación de las libertades de expresión e información que se propone en la argumentación de la misma, pues las libertades de expresión e información son entendidas como derechos a acciones positivas del Estado, lo que significa que con dicha interpretación se supera la concepción liberal de las libertades según la cual para la protección de las libertades públicas el Estado debe abstenerse de ejercer acciones que perjudiquen el ámbito del libertad de la persona. Por el contrario, se entiende que para la protección de las libertades el Estado debe desplegar toda una serie de actividades (legislar, organizar procedimientos, etc) protectoras de los mismos, cuya omisión o realización de forma deficiente puede entrañar un problema de constitucionalidad.

Asimismo es importante mencionar que el caso es interesante, pues se trata de una sentencia interpretativa en la medida que fija el sentido en el que debe interpretarse el inciso segundo del artículo 191 del Código Penal y de una sentencia que declara la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 191 del Código Penal.

Comments are closed.